Pedro Bermeo: «la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza»

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Pedro Bermeo, coordinador jurídico y vocero de Yasunidos, es una de las personas que estuvo en el proceso constituyente de la consulta popular ecuatoriana  de 2023, acerca de si se tenía que continuar con la extracción del petróleo en la selva Amazónica de Yasuní, o por el contrario, deberían cambiar las políticas sin continuar con la explotación del crudo. 

 

Rosa Mª Mateu. ¿Qué representa la selva Amazónica de Yasuní?

Pedro Bermeo. Estamos hablando del lugar de mayor biodiversidad del planeta, donde hay más insectos en el mundo, que concentra el mayor número de mamíferos por metro cuadrado, además de anfibios, de aves, de peces, reptiles; un espacio que no existe otro igual en la tierra; un área que tenga tal concentración de vida y además de diversidad de endémica. Es un lugar muy importante no sólo para el Ecuador, sino para el Planeta en términos de biodiversidad, en términos biológicos, de ecosistema de la Amazonía.

Como sabemos la selva Amazónica también cumple un rol fundamental cuando hablamos de cambio climático, la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, además de ser un problema gravísimo; el otro también es el calentamiento global, otro gran problema justamente relacionado con la quema de combustibles fósiles.

R.M.M.- El Yasuní también es el precursor de una idea pionera, ya que  encabeza la primera propuesta que plantea dejar el crudo bajo tierra. ¿Qué implica esta iniciativa que busca cambiar el mundo? 

P.B. El petróleo que no se saca de la tierra es el único petróleo que no se quema y, por lo tanto, no emite gases de efectos de invernadero. Con esta propuesta, conocida como la iniciativa Yasuní – ITT, se hubiera evitado emitir a la atmósfera alrededor de 400 millones de toneladas de CO2. La iniciativa Yasuní – ITT lleva varios años en el Ecuador. Primero nació desde la ciudadanía, tuvo una etapa previa en la que se buscaba dejar el petróleo bajo tierra, luego fue tomada en el gobierno de Rafael Correa en el 2007, que la utiliza incluso para venderse como un gobierno ecologista, un gobierno verde. 

La selva Amazónica cumple un rol fundamental cuando hablamos de cambio climático.

Lamentablemente el gobierno transforma la iniciativa y establece que el plan a) es la conservación, siempre y cuando haya una compensación económica por los otros países, los principales contaminantes y emisores de gases de efecto invernadero; y establece un plan b), que es la explotación, en caso que no se llegue a la mitad del dinero que supondría la explotación del petróleo del bloque 43, conocido como ITT, entonces se tendría que explotar. 

Esta iniciativa es presentada al mundo por el gobierno del Presidente Rafael Correa, pero a la vez que se presenta esta iniciativa, se empieza a explotar el bloque 31, que está al lado del 43 y que su petróleo tenía en ese momento alrededor de 60 millones de barriles de petróleo, es decir, muy poco petróleo -para tener una referencia el bloque 43 tenía en ese momento 846 millones barriles de petróleo, entonces no tenía mucho sentido explotar el 31 sin explotar el 43. Y ahí es cuando se comienza a denunciar que el plan a) era  la explotación y el b) era  la conservación y de hecho, hay muchas denuncias de las personas que terminan renunciando a la iniciativa Yasuní-ITT porque aunque se conseguía obtener fondos la gente se echaba para atrás y no se concretaba la consolidación de la iniciativa. Y es así como en el 2013 el presidente Rafael Correa decide cancelar la iniciativa Yasuní – ITT y dar paso formalmente a la explotación. 

R.M.M. ¿Qué ocurre entonces con la legislación que supuestamente protege a los pueblos no contactados que viven en aislamiento voluntario  en lo más inhóspito de la selva?

P.B. Rafael Correa lleva  a cabo este fraude a través de la modificación de los mapas en donde nos dicen que están los pueblos aislados. Hay unas medidas cautelares de la comisión interamericana de derecho humanos que protege la vida de los pueblos aislados conocidos como  Tagaeri y Taromenane, que justamente habitan en esta zona. Y dos meses antes de que se cancele la iniciativa, el Ministerio del Ambiente, que justamente era quien manejaba el Plan de las medidas cautelares de los pueblos aislados, manda un mapa  a la comisión interamericana de derechos humanos, diciendo en qué parte del mapa están estos pueblos.

Sin embargo, el 15 de agosto cuando se declara de interés nacional la iniciativa se dice que ahí ya no están los pueblos aislados y se manda otro mapa sin un tipo de sustento técnico en el que simplemente se les desaparece del bloque 43 y se dice que ya no están ahí, pudiéndose explotar ese lugar porque no afecta a los pueblos aislados.  

No hay dinero suficiente que valga el exterminio de los pueblos aislados, la destrucción de este maravilloso espacio de la Amazonía ecuatoriana.

Esto evidentemente, provoca un gran revuelo nacional e internacional, una iniciativa que ha sido tomada como parte del orgullo de ser ecuatoriano, tener el lugar más biodiverso del planeta, de proteger la vida de los pueblos de nacionalidades. Recordemos que el Ecuador es un país plurinacional, un país que no solamente tenemos la nacionalidad ecuatoriana, tenemos 14 nacionalidades más, 18 pueblos más en el Ecuador. Y este ha sido uno de los pilares fundamentales de la idiosincrasia de ser parte del Ecuador. 

R.M.M. ¿Cómo puede un presidente llevar a cabo unas políticas de extracción tan contradictorias con la primera Constitución que defiende los derechos de la naturaleza?

P.B. Ecuador ha tenido varios momentos que fijan ser un país muy especial en el sentido que hemos aprobado una Constitución que declara los derechos de la naturaleza. Por primera vez en el planeta,  se declara que existen derechos para la naturaleza, que la naturaleza tiene derechos a la regeneración, tiene el derecho a que se respete integralmente y esto contradice los preceptos de los derechos humanos, a la garantía de los pueblos y nacionalidades como también, la garantía de los derechos de la naturaleza. 

R.M.M. Y el impacto en la ciudadanía fue tan grande que se comenzó a entretejer la voluntad popular por llevar a cabo un referéndum que finalmente vio la luz en 2023. ¿Qué significa para un país no muy acostumbrado a estas consultas populares llevar a cabo este plebiscito que empezó a fraguarse en 2013? 

Efectivamente, es así como en 2013 comienza esta iniciativa de consulta popular. En esa Constitución  también  se agrega o se desarrolla un derecho a la democracia a crear un referéndum popular que nazca de la ciudadanía. Esto nunca antes se había hecho y en 2013, como alternativa, como última opción de un lugar que nunca debería haberse explotado,  debería haberse conservado, porque es área protegida, porque es área intangible, porque es área de la biosfera, porque tiene todas las categorías legales posibles en el Ecuador, y sin embargo, el Gobierno ecuatoriano decidió explotar. 

En la Constitución  también  se agrega o se desarrolla un derecho a la democracia, a crear un referéndum popular que nazca de la ciudadanía.

Las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento indígena, varias personas que se dedicaban a la defensa de los pueblos aislados, a la defensa de la naturaleza, al ecologismo, nos juntamos en una especie de coalición en esa denominada Yasunidos, que es como nace esta coalición  de organizaciones sociales. Creemos que es más importante la vida: no hay dinero suficiente que valga el exterminio de los pueblos aislados, la destrucción de este espacio maravilloso que tenemos los ecuatorianos, la Amazonía ecuatoriana. Y es así como nace esta iniciativa para que se consulte al pueblo si estamos de acuerdo o no de mantener el crudo de Yasuní-ITT bajo tierra. 

 

 

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